Dejando aparte a la ultraizquierda, que odia explícitamente a las empresas grandes, siempre asociadas con la prosperidad de las trabajadoras, el resto de la política asegura defender a las empresas, y querer que crezcan.
Sin embargo, la práctica legislativa y regulatoria, singularmente en España y en Europa, también está en contra de las empresas grandes. La prueba son los mayores costes que los Estados europeos imponen sobre las empresas cuando empiezan a crecer: comités de empresas, impuestos, regulaciones, controles, etc.
La estrategia se parece bastante a la progresividad fiscal. Mientras los políticos aseguran que quieren la prosperidad del pueblo, sus impuestos castigan especialmente, no a los ricos, sino a los que empiezan a enriquecerse, a la llamada clase media.
