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En twitter (@rodriguezbraun), algunos seguidores me apuntaron: si la sanidad privada desvía enfermos graves a la pública: ¿no es eso competencia desleal, porque se quita de encima pacientes poco rentables? Ya resumí mis puntos de vista en twitter, pero quizá resulte de interés responder de forma más extensa, para aclarar esa y otras falacias antiliberales de modo más concluyente de lo que es posible en 140 caracteres.
Mi respuesta a la cuestión planteada es que no se puede hablar en sentido estricto de “competencia” (ni, por cierto, tampoco de “colaboración”) entre el Estado y el mercado, que son antitéticos, aunque estén entrelazados. ¿Por qué se conduce de esa forma en algunas ocasiones la sanidad privada? La respuesta es: porque puede y es legal. Pero puede porque existe la pública, porque la pública obliga a todo el mundo a pagar, y se escuda en que también se compromete a curarnos. Quienes hacen negocios en esas condiciones peculiares, y pueden bajar sus costes derivando enfermos legalmente, lo harán. Pero no es obvio que la competencia desleal sea la del sector privado, porque éste tiene un competidor que monopoliza la coacción legítima, y puede forzar a la gente a pagar. Ninguna empresa puede hacer eso. Y eso no es competencia muy leal, desde luego.
También se habla en ocasiones de la deslealtad de quienes somos liberales pero acudimos al socorro del Estado, y se supone que eso quebranta nuestros principios. Otra vez, quienes así nos critican ignoran la existencia misma del Estado, que no es un agente más de la sociedad, ni una empresa más, ni una institución cualquiera, sino el monopolista por excelencia. Si uno ignora eso, se verá abocado a conclusiones absurdas como, por ejemplo, que como el Estado es el que fabrica la moneda, entonces los liberales no deberíamos usarla, y en salvaguarda de la coherencia y pureza de nuestros valores deberíamos…¡dedicarnos al trueque! Me preguntó un seguidor: “¿Renunciaría usted al Estado si tiene un accidente y viene el Estado a ayudarlo? Si no renuncia, es que el sector público es bueno”. Le respondí: renuncio, siempre que el Estado renuncie a cobrarme impuestos.
El error, por consiguiente, estriba en identificar al Estado con la sociedad civil, ignorando su característica más sobresaliente: el monopolio de la coacción legítima. Todos los argumentos de ese estilo, como “si usted no renuncia a circular por las carreteras, entonces no puede criticar al Estado”, caen en la misma falacia. Uno puede, efectivamente, no circular por vías públicas, y de hecho puede no usar ningún servicio del Estado: pero no puede renunciar a pagarle, porque no pagar impuestos puede llevarnos nada menos que a la cárcel. Ninguna otra entidad puede usar la violencia de esa manera para forzar a los ciudadanos a pagar.
De modo que la forma de probar que el Estado es efectivamente bueno sería permitir que los ciudadanos lo eligiésemos libremente, teniendo la alternativa de no hacerlo. Eso es algo que jamás consideran los críticos del liberalismo. En efecto, en lugar de pensar en la posibilidad de la libertad, lo que suelen hacer es partir de la base de su imposibilidad. Así, por ejemplo, aseguran que el argumento liberal no se tiene en pie porque si el Estado no interviniese en el dinero, entonces no habría dinero. O alegan, como un seguidor, que sin Estado viviríamos como en “una isla desierta”. Estos razonamientos, por extendidos que estén, pecan de la insuficiencia lógica de dar por sentada una premisa y negarse a considerar ninguna premisa alternativa. Toman, así, lo contingente por lo necesario. He llamado a eso “la falacia del Estado que está”. La falacia del Estado que está sostiene que como el Estado está, y hace cosas, entonces esas cosas que el Estado hace porque está no se harían si el Estado no estuviera. A partir de ahí ya nos aseguran que sin Estado no habría riqueza, ni justicia, ni defensa, ni servicios públicos de ningún tipo, etc. etc., y de hecho no habría sociedad: ¡viviríamos en islas desiertas! Eso no es intelectualmente riguroso, ni tampoco leal.
Otra crítica habitual es la equiparación entre liberalismo y dictaduras. No me refiero sólo a la vieja ficción de izquierdas y de derechas que afirma que como no somos libres en el mercado…entonces tiene que venir el Estado a proteger nuestra libertad…quebrantándola con impuestos, regulaciones, multas y prohibiciones variopintas. Me refiero al manido ejemplo de la dictadura de Pinochet y al papel de Milton Friedman. ¡Es un fascista!, proclaman, como cerrando la discusión. Friedman estuvo una vez con Pinochet y le recomendó tres cosas para la política económica chilena: controlar la inflación, privatizar empresas públicas y abrir los mercados. Esto, nótese, es muy contrario al fascismo, que es esencialmente intervencionista en economía. Pero supongamos que, en efecto, el consejo que dio Friedman a Pinochet lo convierte en un fascista. Problema: tiempo después de su única reunión con el dictador chileno, Friedman viajó a China a entrevistarse con las autoridades del régimen comunista, a las que aconsejó…¡las mismas tres cosas que había recomendado a Pinochet! Por lo tanto, siguiendo la misma lógica, entonces Friedman es un comunista. Parece evidente que la acusación hace agua. Entonces algunos intentan resolverlo alegando: Friedman no es un demócrata. Esto tampoco se tiene en pie, porque aconsejó a gobiernos impecablemente democráticos en varios países del mundo, empezando por Estados Unidos y el Reino Unido. Y, obviamente, no se lo podría acusar de fascista o comunista en algunas ocasiones, y no reconocer con la misma lógica que es un demócrata si asesora a o es homenajeado por autoridades democráticamente elegidas.
Dos notas adicionales sobre este asunto. Es interesante que la identificación entre liberalismo y dictadura sea tan jaleada, y en cambio no lo sea la identificación entre socialismo y dictadura, que resulta aplastante. Por otro lado, si nos ponemos puristas con Milton Friedman, ¿qué haríamos con tantos economistas que aconsejaron (y bien, por cierto) al régimen franquista? ¿También los tacharíamos de fascistas? En suma, si aquí la cualidad de demócrata exige la ausencia de todo contacto, complicidad, reconocimiento o aplauso de cualquier tipo con regímenes no democráticos de cualquier color ideológico, entonces…nos sorprenderíamos de muchos que dan lecciones de democracia sin título habilitante…
Por fin, otro reproche clásico es que los liberales no podemos trabajar para el Estado. Se nos dice: un liberal no puede ser funcionario, porque tal cosa también entra en contradicción con sus ideas y principios. Es un argumento curioso: quienes lo esgrimen están encantados con él porque les parece que es la prueba irrefutable de la debilidad del liberalismo.
Pero su tesis es insostenible. En primer lugar, históricamente: aunque es verdad que las Administraciones Públicas han crecido hasta volver irreconocible el viejo funcionariado decimonónico, la institución del funcionariado no solo no es incompatible con el liberalismo sino que fue creada por políticos liberales del siglo XIX con la idea de arrebatar a la aristocracia el monopolio de la gestión pública, entregándola a profesionales que ingresan en la Administración mediante pruebas abiertas, objetivas y no discriminatorias. Pero, además: ¿qué pretenden los que nos vituperan a los funcionarios liberales? ¿Acaso que los liberales no podamos presentarnos a las oposiciones, de modo que todas las plazas sean ocupadas por “los socialistas de todos los partidos”, en palabras de Hayek?
Como evidentemente no van a postular la prohibición de que los liberales firmemos oposiciones, lo que hacen es trasladarnos a nosotros la responsabilidad. Como yo soy catedrático de Universidad, me dicen: “no es usted coherente”. Otra vez, como vengo denunciando desde el principio, el error estriba en confundir el Estado con la sociedad, algo característico de los recelosos de la libertad. No se puede ignorar el hecho de que el Estado existe, es enorme, y condiciona de muchas maneras la actividad de los ciudadanos. No se puede seriamente argumentar que la coherencia estriba en pagar impuestos, y después actuar como si ese mismo Estado que nos cobra a la fuerza no existiera, y como si no ocupara la mayor parte de los servicios educativos. Eso sí que resulta poco coherente.
Una dimensión interesante de este argumento sobre la coherencia es que rara vez es llevado a su conclusión lógica, que es la siguiente. Si los que defendemos la libertad y el sector privado no debemos trabajar en el público por coherencia, tampoco deberían trabajar en el sector privado los intervencionistas que creen en el sector público, porque ¡no serían “coherentes”!
Espero haber contribuido –con lealtad, faltaría más– a despejar dudas sobre lo que en mi opinión constituyen errores habituales en la crítica del liberalismo.
Mi último artículo en Expansión, titulado: La crisis del euro: otra conjetura.
