A propósito del revuelo que doña Isabel Celaá organizó sobre la enseñanza concertada, la declaración más inquietante de la propia Ministra de Educación en funciones fue la siguiente: “Las familias no tienen nada que temer”. En realidad, las familias tienen todo que temer.
Los analistas abordaron el asunto desde dos perspectivas. Por un lado, la constitucionalidad de la enseñanza concertada y del derecho de los padres a elegir la educación y los centros que prefieran para sus hijos. Y, por otro lado, la servidumbre del PSOE ante los ultras de Podemos, que habría impulsado a la ministra a radicalizarse y a sugerir que los socialistas aspiran a limitar los conciertos educativos. Son perspectivas engañosas.
A pesar de lo que pueda parecer, las Constituciones rara vez o nunca defienden derechos y libertades a rajatabla. Cuando lo hacen, son reformadas, como hicieron en Estados Unidos para implantar el Impuesto sobre la Renta hace un siglo. Lo habitual, sin embargo, es que sean contradictorias, o que amparen casi sin freno la expansión del poder político y legislativo sobre los bienes de los ciudadanos. Este último caso es típico de los textos constitucionales modernos, como el nuestro de 1978: no es casual que los comunistas, desde Anguita hasta Iglesias, hayan reivindicado vastas incursiones contra los trabajadores contribuyentes apelando a la Constitución Española.
La segunda perspectiva engañosa es creer que el PSOE puede ahora, de manera insólita y por primera vez, dejar de ser amigo de la enseñanza concertada. El socialismo, por el contrario, será más o menos enemigo de la libertad, pero rara vez es realmente su amigo. El PSOE alega que protegió los conciertos, pero eso solo se debe a que la enseñanza concertada cuenta con un gran respaldo popular, y los socialistas saben que, hoy por hoy, el ser vistos como enemigos de la concertada haría que las trabajadoras les dieran aún más la espalda.
Pero la esencia de la enseñanza concertada debe repugnar a la izquierda, porque está asociada a la empresa privada, a la elección voluntaria de las familias, y a la Iglesia Católica. Harán todo lo que puedan para acosar a las cuatro.
En resumen, ante la ministra Celaá, y ante todos los supuestos progresistas, acudamos a la luminosa advertencia de Jefferson: el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
