La simpatía de la izquierda y los sindicatos por el intervencionismo en el mercado de trabajo es una prueba más de su concomitancia con el franquismo. Lo llamativo es que en el caso laboral abundan las pruebas de que se puede acabar con el desempleo sin hacer lo propio con un Estado oneroso, como lo prueban las economías de varios países europeos, singularmente los nórdicos. Los progresistas los suelen esgrimir como paradigmas, eludiendo la flexibilidad y apertura de sus mercados, singularmente el de trabajo.
Incapaces de aprender de sus errores, y de la tradición antiliberal que ha provocado una alta tasa de paro en nuestro país, ahora las fuerzas progresistas se han lanzado a intervenir, es decir, a promover el desempleo, en el nuevo sector que ha cobrado fuerza a raíz de la pandemia: el teletrabajo.
Como informó Javier de Antonio en La Razón, el Gobierno ha abierto allí un nuevo frente de batalla con los empresarios, tras los roces y discrepancias con motivo del salario mínimo, los ERTE y la derogación de la reforma laboral. Como es habitual, las incursiones punitivas del poder contra empresas y trabajadores son disfrazadas de suavidad, y la ministra Yolanda Díaz ha insistido en que todo es muy “conservador” y “europeo”, que estará sometido al “diálogo social”, etc. Los empresarios recelan, con razón, porque el borrador habla de un incremento de los costes laborales de los teletrabajadores a cargo de la empresa, más controles, más inspecciones, etc. La sobrelegislación puede conducir al “teleparo” y a contratar fuera de nuestro país. El Gobierno insiste en que se trata de borradores, pero la tendencia intervencionista es visible.
Otro ejemplo del despotismo ilustrado de la izquierda, que decide por el pueblo a sus espaldas, es el de los “riders”, que reparten comida a domicilio mediante aplicaciones móviles, y que han cambiado el paisaje urbano en numerosos países, a bordo de sus bicicletas o motos.
Con la típica distorsión antiliberal, que considera al trabajador como una víctima del capitalista, se ha extendido la ficción de que los “riders” son explotados y requieren la urgente intervención del Estado para rescatarlos. De ahí el cuento de que son “falsos autónomos” que deberían ser convertidos a la fuerza en asalariados de las empresas que los contratan. Una vez más, nadie les ha consultado, y los gobernantes se han dejado llevar por los prejuicios y las presiones de los sindicatos. Sin embargo, como informó S. de la Cruz en nuestro periódico, numerosos “riders” prefieren seguir siendo autónomos, y Yolanda Díaz los ha ignorado, reuniéndose sólo con grupos afines a Unidas Podemos. Otras asociaciones de trabajadores, en cambio, han protestado y se han manifestado, aclarando: “ni siquiera nos han preguntado lo que queremos”.
