PP, PSOE y Ciudadanos lograron que el Ayuntamiento de Madrid no suba el IBI a los inmuebles no residenciales de mayor valor catastral, que incluyen hoteles, industrias y grandes superficies. Pero subirá el IBI para edificios antiguos, lo que, según informó la prensa, afectará tanto a Amancio Ortega como a las tiendas pequeñas de la Plaza Mayor. Los populistas podrán estar de capa caída en América, pero aquí mandan mucho y mal.
El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, declaró: “¿Tengo algo en contra de Zara? Sólo que no me vale nada”. Valeroso, añadió: “los que tienen más capacidad de pago que paguen más” para que la política de los radicales sea “sostenible”; se dejarán de ingresar 46 millones de euros, y con ese dinero se podrían “hacer muchas cosas”. El señor delegado concluyó: “en el siglo XXI la clase trabajadora sigue siendo explotada por la clase dominante”.
Castigar o no castigar a Zara según le “valga” al poder ignora lo que diferencia a las empresas y la política: las empresas no pueden obligar al pueblo a pagar, y la política sí. Con lo cual, que al señor Sánchez Mato le valga más o menos Zara no justifica que la castigue aún más.
El argumento de que los impuestos están en función de la capacidad de pago no quiere decir que los políticos los puedan aumentar sin freno. Esa idea es utilizada por las elites para justificar sus exacciones, pero la salvaguardia de los derechos del pueblo no pasa por la capacidad de pago sino por los límites del poder. Porque lo importante no es si el poder es “sostenible” sino si lo es la cartera de sus súbditos.
Esta noción está fuera de la mente de los populistas. Lo que le molesta al señor delegado es que va a dejar de recaudar 46 millones, y con esos millones el Ayuntamiento podría hacer “muchas cosas”. En ningún caso se le ocurrió pensar que los ciudadanos, los legítimos propietarios de esos 46 millones, también podrían hacer con ellos muchas cosas si el Ayuntamiento no se los arrebata por la fuerza.
La fuerza, he ahí la clave de la explotación. Es crucial frenar la explotación, es decir, frenar aquellas relaciones en las cuales el pueblo no puede decidir nada, no tiene ninguna opción más que pagar o ir a la cárcel. El señor delegado de Economía y Hacienda está a punto de entender la explotación, está a punto de entender unos pagos que el pueblo está forzado a hacer, porque si no paga puede ir a prisión. Obviamente, no puede ser el capitalismo, porque si el pueblo no compra en Zara, no pasa nada: puede comprar en otra parte. ¿Cuándo está explotado el pueblo? No con las empresas privadas, desde luego. A ver, don Carlos ¿cuál es la “clase dominante” que obliga al pueblo a pagar?
(Artículo publicado en La Razón.)
