En este mundo nuestro donde todo se mide cada vez más y cada vez aparentemente con más precisión, la cautela es más necesaria que nunca, en particular en el caso de las estadísticas que son políticamente sensibles, es decir, que son utilizadas por el poder y sus secuaces para extender la opresión. En un reciente informe del Instituto Cato, los profesores Bruce D. Meyer y Nikolas Mittag analizan los datos de la pobreza en EE UU según la Current Population Survey, la encuesta más utilizada para promover políticas redistributivas y sobre el paro, la sanidad y toda clase de transferencias públicas y ayudas sociales. Su conclusión es: “los datos deficientes de la encuesta distorsionan gravemente nuestra comprensión de la distribución de la renta, la pobreza y los efectos de los programas gubernamentales” (“Using linked survey and administrative data to better measure income”, http://goo.gl/7ulKhi).
Apuntan que están empeorando las respuestas de las unidades familiares en dos sentidos: hay menos familias que responden y entre las que lo hacen hay cada vez menos que aceptan responder cuando se les pregunta cuánto ganan. Esto obliga a una labor de imputación arriesgada que afecta a las medidas de la pobreza en las colas de la distribución, que es precisamente el objetivo de las políticas conta la pobreza. Añaden: “Incluso cuando las familias responden, es menos probable que brinden respuestas veraces”.
Es claro que toda persona que cobre un subsidio por ser pobre tendrá interés en brindar datos que no la representen en mejor situación o como menos pobre que antes. De ahí que se haya optado por acentuar la búsqueda de datos sobre el consumo: la discrepancia observada entre la pobreza medida por renta o por consumo se explica porque la gente no informa de todos los ingresos que recibe, en especial las ayudas de diverso tipo.
Estos investigadores han procedido a analizar el otro lado: el lado del que paga, la Administración. Existe abundante información sobre lo que se paga y también sobre a quién se paga, puesto que varios programas asistenciales exigen la presentación de un número válido de la Seguridad Social (que sí existe en EE UU, a pesar de lo que nos cuentan).
La corrección del llamado misreporting, es decir, la información falsa de quienes cobran subsidios y ayudas, brinda un panorama muy distinto del que presentan las encuestas, como la Current Population Survey. Según afirman Meyer y Mittag: “Utilizando las variables de la Administración, la pobreza y la desigualdad son menores que en los datos oficiales, los efectos de las políticas sociales son mayores, y hay menos personas que se han quedado sin ninguna ayuda”. Y, por utilizar una estadística muy popular para alarmarnos sobre la miseria tan extendida en las sociedades desarrolladas, la conclusión de su estudio es que las personas situadas por debajo de la llamada “línea de la pobreza” son muchas menos que las que indica la CPS.
(Artículo publicado en La Razón.)
