Una consigna que repiten los políticos es: “faltan recursos, hay que hacer algo”. Puede tratarse del sistema de pensiones o del déficit público, o de cualquier capítulo del gasto de las Administraciones Públicas, pero siempre se confluye en el mismo mensaje: como no hay dinero, hay que hacer algo. Inevitablemente, ese “algo” es conseguir más dinero. La falacia fundamental de todo esto es que se trata de razonamientos que sistemáticamente eluden dos consideraciones: por qué no hay recursos, y de quién es el dinero que la Administración quiere conseguir.
Estamos tan acostumbrados a la “penuria de la Hacienda”, desde tiempos remotos, que no solemos reflexionar sobre por qué motivo pasa tantos apuros desde hace tantos siglos. Y el motivo es obvio: los Estados se quedan histórica y sistemáticamente sin dinero porque pueden hacerlo. Sólo ellos pueden gastar de modo regular más de lo que ingresan, porque pueden recurrir a la fuerza para arrebatar dinero a sus súbditos para financiar sus gastos, o para hacer frente a una deuda pública que también les facilitará seguir gastando más, y que por esa razón tiende a aumentar mientras que los prestamistas no pierdan del todo la confianza en que serán retribuidos.
Ninguna otra persona ni entidad de la sociedad civil puede hacer eso sin desaparecer. En cambio, los Estados no solamente lo hacen sino que, incluso en el caso de que todo colapse, son capaces de hacer algo que tampoco podemos hacer los demás, a saber, dejar de pagar y no desaparecer, como les sucede tan a menudo a las empresas que quiebran.
Se entiende la preocupación de los liberales por la necesidad de limitar el poder, precisamente porque su propia naturaleza le permite crecer sin los límites que afronta la sociedad civil.
La segunda consideración parece más clara que la primera, porque resulta incuestionable que los recursos que la Administración consigue, quiere conseguir o puede conseguir, son los bienes de los ciudadanos. Siendo esto diáfano, conviene recordarlo, porque lo de “hacer algo” de los políticos y los grupos de presión siempre equivale a subir los impuestos, como si el déficit, digamos, de la Seguridad Social, fuera más importante que el déficit de los ciudadanos que van a ser forzados a financiar al Estado.
