Los acontecimientos del día de ayer no resultaron imprevistos desde el punto de vista judicial, aunque abren sin duda incógnitas en el plano político.
La juez Carmen Lamela fue consciente de la necesidad de justificar una medida “tan gravemente restrictiva de un derecho fundamental como lo es la privación de libertad”.
Encuentra que los hechos “revisten los caracteres de delitos de cierta gravedad”, al tratarse de rebelión, sedición y malversación, y que cada una las personas que comparecían resultaba “criminalmente responsable” de los mismos. El Gobierno catalán de entonces pretendía declarar la independencia tras el referéndum, e incurrió en una serie de actos, “desobedeciendo sucesiva, sistemática y frontalmente” las decisiones del Tribunal Constitucional.
Además del empleo profuso de fondos públicos para el logro de objetivos ilegales, la juez subraya los hechos de violencia contra la policía y la justicia en Barcelona, descartando el argumento de la defensa, según la cual “sus representados no están de acuerdo con la violencia”.
Como es evidente, la actuación judicial es provisional, “sin que constituya un prejuzgar sobre el fondo del asunto lo cual está reservado para el momento procesal posterior oportuno”. Ahora bien, está claro que los itinerarios recientes de las antiguas autoridades autonómicas no han pasado desapercibidas por la señora Lamela Díaz: “Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido”. Y no extraña que el fiscal pidiera ayer la detención de Puigdemont y los exconsellers que están en Bruselas.
La dimensión política del asunto es bastante más confusa, considerando que el Gobierno no sólo ha convocado elecciones en Cataluña el mes próximo, no sólo permite que continúe el funcionamiento de los medios públicos catalanes, que han sido cualquier cosa menos neutrales, sino que ha declarado explícitamente que daría la bienvenida al señor Puigdemont para que se presentase a los comicios.
La duda evidente que se plantea es qué sucederá en esas elecciones, y no solo porque varias de las antiguas autoridades pueden estar o continuar en la cárcel, y el ex president puede estar allí también, o en busca y captura. La duda política es qué pasaría si en esas elecciones se presentan los mismos de antes, con el mismo programa de antes y con los mismos propósitos de cometer los mismos delitos que han llevado al señor Junqueras y sus compañeros a prisión. Y si, además de presentarse, ganan.
Mientras muchos debatían ayer si la decisión de la jueza convenía o no políticamente al Gobierno, otros señalaban la discrepancia entre altos dirigentes del PP sobre si el artículo 155 se levanta o no después de las elecciones.
