Desde hace tiempo se ha podido comprobar que la descentralización administrativa de nuestro país ha desembocado en la explosión del gasto en las Comunidades Autónomas, y no simplemente como un fenómeno derivado de las transferencias de competencias.
Las autonomías, que siguen siendo consideradas por los ciudadanos como unos entes benéficos que gastan pero no recaudan, tienen todos los incentivos para que esto continúe siendo así, y para trasladar la cuestión tributaria a una disputa perenne sobre agravios comparativos, balanzas fiscales, etc.
Victimismo y responsabilidad fiscal
Esto, como es lógico, resulta particularmente acentuado en el caso de Cataluña, porque sirve de bandera a los nacionalistas, pero en realidad es un discurso victimista que afecta también otras autonomías exentas de separatistas. La solución también ha sido apuntada muchas veces: la responsabilidad fiscal, es decir, que los gobiernos regionales deban asumir, como el central y los municipales, los costes políticos de ser vistos como recaudadores.
En ese sentido, el informe de los expertos llama la atención porque, al hilo de la tan traída y llevada “unidad de mercado” parece buscar la supresión de la competencia fiscal a escala regional. Temo que en ese caso los ciudadanos llevamos las de perder, porque muy rara vez se armoniza tributariamente a la baja. Es sabido que los políticos, grandes partidarios de que todo el mundo compita, rara vez quieren competir ellos mismos, y sin embargo esa competencia, junto a una mayor corresponsabilidad, podría poner coto al entusiasmo gastador autonómico.
Políticamente, por fin, sería nocivo para el Gobierno que la opinión pública sospechara, como hacía ayer el editorialista de “Expansión”, que la búsqueda de la homogeneización fiscal autonómica no es simplemente la de la superación de una fragmentación excesiva, sino que “parece más pensada para contentar las constantes reivindicaciones de ciertas comunidades autónomas por la supuesta insuficiencia de fondos que para beneficiar a los contribuyentes”.
En resumen, pues, ni café para todos, ni déficits a la carta, ni uniformizaciones premiadoras de los más voraces, que lo que hacen es fomentar la irresponsabilidad y el despilfarro.
(Artículo publicado en La Razón.)
