La crisis y las malas políticas no sólo han castigado a millones de trabajadores que han perdido su empleo. Un mal correspondiente e inseparable del paro son los cientos de miles de empresas que han cerrado sus puertas. Hace bien el Gobierno en preocuparse de que la destrucción de esas generadoras de riqueza y ocupación no prosiga o incluso se revierta. De ahí el plan para rescatar a empresas viables con deudas.
La idea estriba en reducir los costes financieros, y promover los acuerdos con los acreedores a la hora de las quitas, las demoras o la capitalización de deudas, mediante una serie de modificaciones en la Ley Concursal.
Se supone que esto facilita la supervivencia de las empresas y también el cobro de los acreedores. El tercero en discordia, la banca, será el tercero en concordia mediante el cambio en las provisiones a través del Fondo Midas, o banco malo de las empresas, que la banca utilizará para reducir morosidad y limpiar sus propios balances.
Costes centrifugados hacia los contribuyentes
Los riesgos y los costes se centrifugan hacia los contribuyentes, porque dicho Fondo, aunque financiado por la banca, le servirá para disminuir su peor deuda y aumentar su deuda ordinaria con garantía del Estado. También perderán los “hedgefunds” y “fondos buitre”. Y ganarán en general los deudores, y la economía española en la medida en que las empresas sean viables.
Esa es en realidad la cuestión fundamental. En principio, lo mejor habría sido eludir todo este arbitrismo y reducir impuestos y costes políticos de manera generalizada y no discriminatoria, para que las empresas puedan digerir sus malas inversiones. No es correcto prolongar artificialmente la existencia de empresas que deberían haber cerrado, o cambiado de dueños, y dificultar la creación de empresas nuevas: medidas de este tipo abonan escenarios como el de Japón. De ahí que, en este caso como en otros, el crecimiento futuro no sea sólo agua de mayo, sino de los restantes once meses también.
(Artículo publicado en La Razón.)
