Las reclamaciones, ya se sabe, al maestro “presupuestero”. El viejo dicho español llega a la hipertrofia victimista cuando se trata de los Presupuestos Generales del Estado.
Lo volvimos a ver ayer cuando, a propósito de su presentación en el Congreso de los Diputados, los medios sensa(na)cionalistas subrayaron que Cataluña recibirá el 9,5 % de la inversión de los PGE, “la mitad de lo que aporta al PIB estatal”. En términos porcentuales, Cataluña queda “descolgada” al cuarto puerto de la distribución de la inversión del sector público estatal por territorios. Cuando se trata de un año en el que el gasto en infraestructuras crece un 8,8 %, y la inversión pública, tras varios años de apreciables recortes (los únicos recortes de verdad significativos, “public choice” de manual por su menor impacto electoral) vuelve a crecer, las reclamaciones al maestro “presupuestero” parecen cargadas de razón.
Ante esto caben varias objeciones, desde la singularidad de las inversiones territorializadas, que hace que siempre haya algunas autonomías supuestamente privilegiadas en lugar de otras, hasta las inversiones de la presente legislatura: Cataluña las ha recibido por un monto cercano a los 6.000 millones de euros.
En cuanto a las consideraciones políticas, recordemos que son generalizadas, y no sólo en las comunidades con gobiernos nacionalistas. También el Gobierno central tiene intereses electorales, y entre ellos está la relajación de la tensión con Cataluña recurriendo, una vez más, a juegos presupuestarios. El contribuyente es lo que tiene: no suele quejarse, porque sabe que de nada sirve, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte de España.
Más “pasión de catalanes”, como dice Carlos Herrera. Baja el ráting de Cataluña, donde, además, la inversión extranjera se ha hundido hasta mínimos históricos, cayendo un 66 % interanual en el segundo trimestre de 2014. Será difícil convencer a los catalanes de que su propio gobierno no tiene nada que ver con esto. Y cuando sus autoridades reclaman “más ingresos del Estado”, porque según ellas es imposible reducir el gasto público sin provocar un deterioro “seguro y severo” de los servicios públicos, deben recordar el principio económico más elemental: alguien paga esos servicios. Y si lo que quieren es que el Estado reduzca gastos, lo que sería muy razonable, pero que los reduzca en cualquier otro capítulo que no sea sus propias transferencias, que lo digan, a ver si cuela.
(Artículo publicado en La Razón.)
