Los especialistas se han preguntado a menudo en qué medida la probabilidad de ir a la cárcel disuade a los delincuentes. David S. Abrams, de la Universidad de Pennsylvania, procura cuantificar esa disuasión utilizando el agravamiento de las sentencias condenatorias en el caso de utilizar armas; esta legislación se aplicó en una treintena de estados a partir de los años 1970 sobre los condenados a penas de prisión (“Estimating the Deterrent Effect of Incarceration using Sentencing Enhancements”, American Economic Journal: Applied Economics, octubre 2012, http://goo.gl/MB3QlY).
El tema tiene un interés especial en Estados Unidos, el país con la mayor población carcelaria del mundo. Si el efecto disuasorio no es significativo, entonces la extensión de las condenas sólo reduce los delitos porque los delincuentes están presos, algo obvio pero también caro: los costes de la prisión son de 100 dólares por persona y día. Si la disuasión es relevante, la prolongación de las penas representa un medio eficaz y barato de reducir la delincuencia.
Los resultados del análisis sugieren una reducción después de la promulgación de las leyes en los casos de robos y hurtos, pero un impacto nulo en los casos de violación y homicidio, dos tipos de delito relativamente poco asociados a los robos con armas. Estos últimos se redujeron un 5 % en los tres años siguientes a la aplicación de las nuevas leyes. Los delincuentes, en suma, siguen respondiendo a los incentivos, incluidos los negativos.
(Artículo publicado en La Razón.)
