La diputada de la CUP Eulàlia Reguant defendió imponer un corralito en Cataluña: “A partir de la declaración de independencia, hacemos un control de capital y de flujos en Cataluña para garantizar, al menos durante un tiempo, la capacidad de funcionar a la república”. Es una muestra muy notable de ignorancia e irresponsabilidad.
Un corralito, es decir, el establecimiento de medidas que restringen el acceso a y la disponibilidad de los ciudadanos de su dinero depositado en sus cuentas bancarias, comporta infligir un enorme daño al pueblo, en especial a las personas más modestas. Ellas tienen sus ahorros en los bancos en un porcentaje apreciable de su patrimonio, al revés de lo que sucede con la gente de mayor fortuna; por cierto, esto es muy típico de los intervencionistas, nacionalistas, comunistas, populistas y antiliberales de todo pelaje: siempre atacan con especial saña a los más débiles.
El corralito puede producirse por errores de política económica, como los que cometieron las autoridades de mi Argentina natal, o puede ser promovido explícitamente por los políticos o sus grupos de presión, como el que pretendió conseguir la Asamblea Nacional Catalana, pero en todos los casos las principales víctimas son los ciudadanos corrientes.
En la Argentina lo impuso el Gobierno a finales de 2001, y estuvo vigente durante un año. En ese año, la actividad económica se derrumbó, y el PIB cayó más de un 10 %, es decir una catástrofe cuyos efectos empobrecedores sólo pueden compararse con las mayores tragedias provocadas por la naturaleza o, con más frecuencia, por los gobernantes.
