Los sindicatos han sido objeto de críticas por su apoyo a los independentistas. Sus líderes dijeron que no hay ninguna contradicción entre lo que hacen en Cataluña y en el resto de España. Comprendo la indignación ante semejante patraña. Pero es injusto acusar a los sindicatos de hipocresía, como si fueran los únicos que la padecen; y, puestos a señalar contradicciones, más sugestiva es la de presentarse como abanderados de los pensionistas.
El jugar con el nacionalismo por motivos políticos ha sido una práctica generalizada en nuestro país, y no se salva nadie. La izquierda en todas sus variantes —comunista, populista y socialista— ha intentado siempre nadar y guardar la ropa en este asunto, con más o menos descaro. Pero si Zapatero, esa ruina, llegó a asegurar que respetaría la decisión del Parlamento de Cataluña, Felipe González también le dio al siniestro Pujol lo que quería, cuando lo necesitó electoralmente. Y José María Aznar hizo exactamente lo mismo en 1996, cuando no logró la victoria con mayoría absoluta, y el infausto “honorable” le exigió la cabeza de Alejo Vidal-Quadras, el mejor candidato que ha tenido nunca el PP en Cataluña. Aznar, muy serio defensor de la unidad de España, se la entregó en bandeja.
En suma, pasaron por taquilla todos los partidos, movimientos sociales, empresariales, etc. Hasta la Iglesia Católica ha preferido, allí como en otros lugares, sobrevolar alguna que otra contradicción. ¿Por qué no iban a hacer otro tanto los sindicatos?
Lo realmente notable de las púdicamente denominadas organizaciones obreras, en cambio, es que se hayan puesto a la cabeza de las manifestaciones de los pensionistas.
La seducción política de los jubilados, por supuesto, está lejísimo de ser un exclusivo monopolio sindical. Aquí también confluyen todas las fuerzas políticas en disputarse el protagonismo de ser quienes de verdad defienden a nuestros mayores. Todos mienten, claro está, y los sindicalistas también, porque ignoran que la Seguridad Social es un engaño que, al estar sometido al poder, se vuelve insostenible precisamente por eso.
Un sistema de pensiones privado y de capitalización, por ejemplo, no se ve amenazado críticamente por cambios demográficos. Un sistema de reparto, en cambio, se ve abocado a la quiebra ante una caída sistemática en la tasa de natalidad y una subida en la esperanza de vida.
Así, los políticos de todos los partidos, jugando a su propia lógica, jamás resolverán el problema, porque tenderán o bien a difuminar sus responsabilidades —eso es el Pacto de Toledo— o bien a ocultar que la única solución que tienen los sistemas antiliberales es premiar a unos castigando a otros, pero nunca abrir los mercados para que ganen todos.
En el caso de los sindicatos, empero, la contradicción es aún más flagrante, porque se presentan como adalides de quienes ya no trabajan, y proponen como solución el “aumento de los ingresos”, es decir, el castigo fiscal y el empobrecimiento de las personas a las que deberían defender: los trabajadores.
¡Gracias por las alusiones al principio del blog! En cuanto a este artículo, no creo que un sistema de reparto se vea abocado a la quiebra por razones demográficas; lo peor que le puede pasar es que vaya tan mal como la economía por razones económicas. Intentaré explicarlo en otro artículo.