Hace años, en la primera mitad de la década de los ochenta, Joaquín Almunia, entonces ministro de Trabajo del primer Gobierno de Felipe González, se atrevió a bromear sobre el abuso en las bajas laborales, y dijo algo así como que España parecía un país asolado por calamidades, como pestes o guerras. Nadie protestó. Era obvio que la incapacidad temporal por contingencias o enfermedades comunes (las que no guardan relación directa con el trabajo) era un coladero que numerosos trabajadores aprovechaban para no trabajar.
La situación siguió en esa línea, con pequeñas mejoras debidas a una mayor eficiencia en la gestión de la Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, un mayor control del fraude y, quizá especialmente, por la propia crisis económica, que posiblemente haya mitigado esa antigua propensión a la picaresca.
En esa mejoría se inscribe la modificación de la ley de mutuas, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Gobierno. Finalmente no se privará a los médicos de la sanidad pública el dar las altas: seguirán reservadas para ellos. Sin embargo, habrá un papel más importante para las mutuas, que intervendrán cuando consideren que el trabajador no debe continuar de baja; dicha intervención tendrá la forma de una propuesta que la inspección pública podrá estimar o no, pero en este último caso la mutua podrá acudir a la Seguridad Social para lograr el parte de alta, y el INSS tendrá cuatro días para decidir. Puede plantearse aquí el problema del impacto del silencio administrativo.
Se estima que la reforma podría recortar el gasto de la incapacidad temporal de este tipo en algo más de 500 millones de euros por año. Sin embargo, el mayor margen potencial de maniobra para las mutuas se enfrentará con varios obstáculos, empezando por los sindicatos y los profesionales de la sanidad pública. Su capacidad de resistencia no es en absoluto despreciable, y más aún cuando la Justicia bloqueó la posibilidad, no de “privatizar la sanidad”, que ya nos gustaría a algunos, sino de hacer lo propio con la gestión de algunos hospitales públicos.
(Artículo publicado en La Razón.)
