A expensas del dato definitivo del porcentaje de deuda sobre el PIB, que conoceremos a fin de mes a través del INE, el monto de la deuda de las Administraciones Públicas en el segundo trimestre fue el mayor de toda la serie histórica, es decir, de prácticamente los últimos veinte años. Nada menos que 1,012 billones de euros. Su ritmo de crecimiento, sin embargo, ha disminuido.
Lo que nos han contado sobre la austeridad es básicamente ficción: las AA PP no han recortado mucho su gasto, y por eso pasan trimestre a trimestre a unas cifras mayores de endeudamiento, que, en el caso de las autonomías, llega a 228,2 miles de millones de euros: Cataluña lidera el pelotón dispendioso con casi 61,8 mm, muy por encima de las siguientes, que son Comunidad Valenciana (35 mm), Andalucía (26,5 mm) y la Comunidad de Madrid (25 mm).
Es habitual la indisciplina fiscal de las autonomías, y también la relativa contención de los ayuntamientos, aunque no es pequeña la deuda municipal de Madrid (6,9 mm), seis veces mayor que la ciudad siguiente, que es Barcelona con un endeudamiento de 1,0 mm.
Aunque el problema de la deuda de nuestro país es tanto privado como público, el desapalancamiento de los últimos tiempos lo ha protagonizado el sector privado. Y ¿por qué no lo ha acompañado el público?
La respuesta rápida es: porque el sector público puede, y la indisciplina fiscal es tanto mayor cuando más pueda: de ahí que haya más facilidades para las autonomías, facilidades que no dejan de aprovechar.
El mundo académico ha debatido mucho sobre qué limites tiene la expansión de la deuda soberana, teniendo en consideración variables como el crecimiento potencial o la moneda de denominación de sus títulos. El año pasado hubo un sonado escándalo por los errores cometidos por Reinhart y Rogoff a la hora de probar su tesis de que cuando la deuda pública supera el 90 % del PIB se registraba una apreciable caída en la tasa de crecimiento.
Independientemente del porcentaje exacto, parece claro que en las condiciones de España, con bajo crecimiento y una deuda denominado en una moneda que nuestras autoridades no controlan, no es que no sea aconsejable no hacer explotar la deuda pública: es que a las propias autoridades no les conviene, porque pasado cierto umbral el coste político en términos de mayores impuestos o reducción de algunos gastos para poder sufragar los de su servicio, supera la rentabilidad política del gasto efectuado, aumentado o mantenido gracias a dicho endeudamiento.
¿Autoridad = austeridad? Ojalá.
(Artículo publicado en La Razón.)
