La noción de que la redistribución de la renta para aliviar la pobreza puede tener efectos contraproducentes es antigua. Los economistas clásicos la debatieron en torno a la reforma de la Ley de Pobres de 1832, y subrayaron el llamado “principio de la menor elegibilidad”, a saber, las ayudas no debían estar tan cerca del salario como para desanimar la búsqueda de empleo.
