Contrastar dictadura y democracia como si la primera consistiera en la ausencia total de libertad, y la segunda en la presencia plena de la misma, es un error bastante generalizado.
La realidad, en cambio, es más compleja y requiere huir de los tópicos. Las dictaduras pueden mantener algunos espacios de libertad que las democracias pueden quebrantar. Durante la dictadura franquista los trabajadores no podían votar pero sí fumar en los bares o ir a los toros en Barcelona, y pagaban impuestos muy moderados. En una ocasión el dictador se vio ante la opción de subir apreciablemente la presión fiscal. ¿Qué hizo?
El episodio está relatado por la profesora Rocío Sánchez Lissen en su libro Los economistas de la “Escuela de Madrid”, Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2007, página 171.
El 10 de junio de 1973 Enrique Fuentes Quintana y el ministro de Hacienda, Alberto Monreal, acudieron al Pardo a presentarle a Franco el llamado “Libro Verde” sobre la reforma tributaria. La propuesta consistía en una importante subida de los impuestos, con los argumentos característicos de la Hacienda Pública tradicional (digamos, pre-buchaniana): había que equiparar nuestra fiscalidad con Europa, el pueblo demandaba servicios públicos porque su renta había aumentado, la “justicia distributiva”, etc.
Y entonces sucedió algo extraordinario. Dice Sánchez Lissen: “Franco se mostró agradecido por el trabajo realizado y parecía contento del resultado”. Sin embargo, al día siguiente, el ministro Monreal, que había sido nombrado en 1969, fue… ¡cesado! Prosigue la profesora: “la sorpresa fue mayúscula y tanto Enrique Fuentes como su equipo del Instituto de Estudios Fiscales temieron por su destitución, cosa que no ocurrió con el nombramiento de Barrera de Irimo como nuevo ministro de Hacienda”.
Esa es la historia. Lo que no he leído aún es un análisis del caso que intente explicar cómo fue posible que un dictador como Franco, que había probado ser sumamente antiliberal en diversos ámbitos durante décadas, haya actuado como un defensor de los contribuyentes y se haya negado a subir los impuestos ese año, y los dos restantes que le quedaban de vida. La gran subida de impuestos que propuso Fuentes Quintana no pudo aplicarse bajo el régimen franquista, y, tras otro intento fallido en 1976 con Cabello de Alba, sólo se aplicó en 1977, con el propio Fuentes como ministro de Economía, y Francisco Fernández Ordóñez de Hacienda.
Sospecho que la teoría económica convencional es incapaz de dar cuenta de este episodio, que invita a ponderarlo conforme a la teoría de la elección pública, que supera las ficciones habituales sobre la vidriosa justicia distributiva o la supuesta demanda popular de más y más impuestos, que jamás ha existido, y discute la legitimidad de la coacción bajo diversos regímenes. Ese análisis puede iluminar la extraña realidad, que ya intuyó Tocqueville, del apacible rebaño masivo conducido por el benévolo Estado democrático, un Estado cuya legitimidad usurpadora de los bienes de sus súbditos probó ser muy superior a la de la dictadura del general Franco.
(Artículo publicado en Expansión.)
