En los últimos años se ha extendido la consigna de “la defensa de lo público”, que padece una doble incorrección. Por un lado, identifica lo público con lo político o estatal. Por otro lado, invita a concluir que lo que no cae dentro del ámbito de la coerción las Administraciones Públicas, la legislación, o la burocracia, no es público.
La primera incorrección es notable porque identificar lo que es “de todos” con el Estado no sólo es un error sino que además es la seña de identidad de los regímenes políticos más totalitarios, donde no hay resquicios de autonomía para la sociedad civil, diluida por completo en los ámbitos controlados por los gobernantes.
