800 años de la Carta Magna

El 15 de junio de 1215 el rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra, firmó en Runnymede, cerca de Windsor, la Carta Magna. El aniversario puede ser abordado con regocijo, melancolía y protesta.

Las razones para la celebración son obvias: los 63 artículos de la Magna carta libertatum –que, por cierto, se llamó originalmente magna porque era inusualmente larga– son considerados la primera expresión contractual de la noción básica del Estado de Derecho, a saber, que el propio Estado y su Gobierno están limitados por las leyes.

De ahí viene el constitucionalismo, el parlamentarismo y la democracia moderna, la larga y admirada tradición del régimen de libertades amparadas por la ley, freedom under the law. Como es sabido, esa tradición echó raíces en América, y el principio de no taxation without representation, crucial para la independencia de Estados Unidos, provenía del artículo 12 de la Carta Magna. Revistieron también importancia la separación de Iglesia y Estado, la seguridad jurídica, el principio de legalidad y el hábeas corpus. En economía destacan las limitaciones tributarias, la defensa de la propiedad, correctamente identificada con la libertad de los ciudadanos, y la protección de esa libertad en la navegación y el comercio, como dice el artículo 41: “Todos los mercaderes podrán entrar en Inglaterra y salir de ella sin sufrir daño y sin temor”.

Además del regocijo, el octingentésimo cumpleaños de la Carta Magna puede ser objeto de melancolía. En efecto, a pesar de las reivindicaciones del liberalismo clásico, las limitaciones frente al poder político que han sido erigidas por la democracia, los parlamentos y las constituciones, han servido para poco: los Estados son cada vez más grandes, los impuestos son más elevados que nunca, y las intrusiones del poder en la vida de los ciudadanos parecen no tener fin. Más aún, según avanzó el constitucionalismo democrático los textos constitucionales se convirtieron en combustibles para avalar las crecientes usurpaciones del poder. Nuestro país es un ejemplo: la espectacular subida de impuestos y el torrente de regulaciones, prohibiciones, controles y multas que padecemos los españoles han sido todos legales, democráticos y sostenidos y fomentados por la Constitución de 1978. En mayor o menor grado, el fenómeno se ha repetido a lo largo y ancho de un planeta donde se celebra la democracia mientras se recorta sistemáticamente la capacidad de elegir de los ciudadanos.

Por fin, y hablando de España, los ocho siglos que ha cumplido la Carta Magna han de ser motivo de protesta, porque pocos recuerdan las Cortes de León de 1188 que, al promulgar normas que protegían a las personas frente a los poderosos, ha sido llamada “la Carta Magna leonesa” cuando es tres décadas anterior al mucho más célebre documento sancionado hace hoy ochocientos años en Runnymede.

(Artículo publicado en Expansión.)