Pero, además, en un sistema como el español, de bipartidismo corregido, la proporcionalidad también corregida de la ley d’Hondt trae dos consecuencias tan conocidas como indeseables. De un lado, formaciones políticas distribuidas en todo el país como Izquierda Unida son severamente castigadas y logran una representación parlamentaria muy por debajo de la que proporcionalmente conseguirían, todo ello en beneficio de los dos partidos mayoritarios, el PSOE y el PP. De otro lado, partidos políticos de influencia concentrada solo en una parte de España, como sucede con los nacionalistas, obtienen un peso también sumamente desproporcionado, pero en su favor. Esto se ha reflejado varias veces en nuestra historia democrática, y explica, entre otras cosas, cómo los nacionalistas han conseguido promover su agenda independentista con el apoyo y la financiación de autoridades cuya ideología es muy opuesta pero que necesitaban sus votos para conseguir el poder o mantenerlo.
Supongamos, pues, que el bipartidismo es liquidado para mejorar nuestra democracia.
Lo primero que hay que decir es que ni la teoría ni la práctica avalarían tal mejora, porque puede haber y hay sistemas políticos bipartidistas de larga tradición y que en ningún caso cabría calificar seriamente de menos democráticos que los demás. Es el caso de Estados Unidos.
Pero además, si se incrementara la proporcionalidad, recortada por la ley d’Hondt, tendríamos en la carrera de San Jerónimo muchos más diputados de Izquierda Unida y menos de Convergencia i Uniò y el PNV, entre otras formaciones de carácter nacionalista. ¿Quién ha dicho que ese desenlace sería claramente plausible?
No lo sería. Por un lado, no es evidente que la libertad y la prosperidad de los españoles fuese a ser propiciada por un partido que siempre pide que aumente el gasto público, y por tanto los impuestos, y que rivaliza en su intervencionismo y sectarismo con el PSOE más antiliberal. No es indudable, por fin, que el pueblo español gozase de más ventajas con contar con más diputados que alaban la dictadura comunista cubana, que lleva más de cincuenta años oprimiendo a sus súbditos. Acabamos de verlos arremetiendo vigorosamente contra la Academia de la Historia, por una voz en su Diccionario según la cual el franquismo fue un régimen autoritario pero no totalitario. ¿Beneficiaría a los españoles tener más parlamentarios que creen que Franco fue un dictador pero Fidel Castro no?
La pérdida de peso de los nacionalistas en el Congreso también podría ser una suerte de caramelo envenenado. La proporcionalidad reduciría su influencia, seguramente, pero al mismo tiempo podría, y por la misma razón, exacerbar aún más su propensión más o menos descarada al independentismo.
Por último, la consideración más importante: ¿qué pasaría con la libertad de los ciudadanos si en lugar de dos partidos mayoritarios hubiese más? Nada permite predecir que mejoraría. Un sistema con varios partidos está perfectamente capacitado para subir los impuestos, imponer multas, expulsar a los fumadores de los bares y prohibir los toros. Quizá esas intrusiones exigirían algo más de tiempo y negociación, pero se producirían de todas maneras.
