Cuando se conoció la intención del Gobierno de modificar la ley para conseguir que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por mayoría absoluta, en vez de por mayoría reforzada de tres quintos del Congreso y el Senado, ardió Troya. La indignación fue patente, incluso entre muchas personas de izquierdas.
Era evidente el aprecio que se tenía por una norma, la de los tres quintos, que en la práctica significa limitar el poder político. Todo esto está muy bien, porque, como es sabido, la libertad no depende de la forma del poder sino, precisamente, de sus límites.
Pero si esto está muy bien, ¿por qué no extenderlo a otras decisiones políticas, o a todas? ¿Por qué la mayoría cualificada está bien para elegir a los vocales del CGPJ, y no está bien para decidir los impuestos que deberán pagar los ciudadanos?
