El contrato social es un antiguo equívoco que el antiliberalismo hegemónico ha reactivado en tiempos recientes, tras la caída del Muro de Berlín y el creciente cuestionamiento del moderno Estado de bienestar.
El objetivo del llamado nuevo contrato social es tender señuelos para conseguir que la gente acepte el Estado: que acepte la coerción política y legislativa, creyendo que es inevitable y que es por su bien.
La complejidad de la traducción de las preferencias populares al ordenamiento jurídico es ignorada, así como los peligros de la inseguridad jurídica y de la sumisión del pueblo a los arbitrios de los poderosos.
