Los empresarios le han pedido al Gobierno tres cosas: que no derogue la reforma laboral, que no suba los impuestos y que no quebrante la seguridad jurídica. Estas peticiones empresariales, llenas de sentido común, enfrentan dos clases de dificultades. En primer lugar, es difícil que el Gobierno pueda concederlas, porque chocan con su política y con las exigencias de sus socios de investidura y legislatura. En segundo lugar, la reclamación al poder para que no intervenga es contradictoria con la reclamación, que hacen bastantes empresarios, para que intervenga en su favor.
