La pobreza en España, de la que informa La Razón, presenta un panorama desolador. No contribuye a su alivio el que las autoridades ignoren las condiciones para una rápida recuperación de la economía y el empleo.
Los datos son malos, y van a empeorar. Las previsiones para el año 2020 se reajustan a la baja. El último ejemplo fue el Banco de España, como pudimos leer en nuestro periódico ayer.
Magro consuelo es el mal de muchos, y sobre ello también tuvimos noticias en las últimas horas, porque el Banco Mundial anticipa un derrumbe del PIB mundial del 5,2 % este año, una caída que triplica a la registrada en el peor año de la crisis anterior, que fue el 2009.
Eso sí, hay coincidencia en que habrá una recuperación en 2021, en España y en el resto del mundo. No será, por supuesto, suficiente como para recuperar en un año lo que habremos perdido en 2020. Para eso se necesitará un tiempo más prolongado. Y en ese proceso de recuperación la clave para luchar contra la pobreza es que los Gobiernos hagan las cosas mejor, o al menos no las hagan peor.
En lo que toca a España, las señales que tenemos son preocupantes en un doble sentido. Por un lado, nos encaminamos a un ajuste de la Hacienda Pública que descansará sobre la subida de impuestos más que sobre la contención del gasto. El gasto va a aumentar, y no está claro que las ayudas europeas puedan cuadrar las cuentas. Y, por otro lado, el tándem social-comunista que nos gobierna tiene la intención de arreglar la pobreza con subsidios y no con una vigorosa reactivación del empleo.
La pobreza en nuestro país, como sucede con la desigualdad, está estrechamente vinculada con el paro. Ante la explosión de personas sin empleo y sin ingresos es natural que las Administraciones Públicas y la sociedad civil se vuelquen en el socorro de las personas más necesitadas. La diferencia entre ambas, sin embargo, es muy considerable. Las religiosas que abnegadamente organizan y atienden a los pobres en los comedores sociales no tienen ninguna responsabilidad ni en la pobreza de la gente ni en su solución a medio plazo. Bastante hacen con cuidarlos hoy.
En cambio, la responsabilidad de los poderes públicos es notable. De entrada, porque la subida de impuestos perjudicará el crecimiento, y la generalización de los subsidios desincentivará la búsqueda de empleo. Además, la derogación de la reforma laboral perjudicará considerablemente a los trabajadores, volviendo nuestro mercado de trabajo aún más rígido, y llevando, una vez más, a que se ajuste vía cantidades, es decir, mediante un paro más elevado.
Nuestros políticos, por tanto, más que luchar contra la pobreza parecen luchar contra los pobres que anhelan dejarla atrás.
