El paro sigue cayendo, y ayer informó La Razón de que el desempleo bajó en casi 90.000 personas en junio y la afiliación a la Seguridad social Superó los 19 millones por primera vez desde el año 2008. Pero, por otro lado, parece que las autoridades preparan un nuevo ataque al mundo del trabajo, bajo la forma de un incremento en las cotizaciones sociales. Los políticos son conscientes de los daños que pretenden causar, y por eso sus incursiones punitivas suelen estar cortadas por el mismo patrón, que incluye cinco estrategias.
Primero, la falta de transparencia. Nunca se sabe qué quieren, lo dejan caer de modo oscuro, abusan de los globos sonda y las noticias contradictorias, y las trabajadoras rara vez saben a qué atenerse.
Segundo, la perfección de los objetivos. Se trata de metas que resulten incuestionables, como la protección de los pensionistas, la garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, etc.
Tercero, el amparo del débil. El Estado jamás debe ser visto como expropiador y violador de derechos sino como justo lo contrario: una suerte de Madre Teresa de Calcuta, obsesionada por atender a los más pobres. Un señuelo aquí es la protección de los autónomos que cotizan 300 euros cuando ganan 150. Naturalmente, nadie informa sobre cuántas personas se encuentran en esa situación, pero se sugiere que son muchísimas.
Cuarto, el castigo del fuerte. Como nunca podría colar la trola de que la política es gratuita, la casta gobernante consolida su poder sobre la base de seleccionar adecuadamente a los damnificados. Típicamente, han de ser los ricos, los privilegiados, los que más ganan, los que más tienen, en suma: una minoría que puede ser con justicia hostigada en beneficio de la comunidad. El problema es que esto siempre es mentira, y en este caso también. ¿A partir de cuánto una persona es una asquerosa rica y debe ser aún más expropiada que ahora? Si cree usted que todo esto afectará sólo a los millonarios, prepárese para una decepción: el grueso del castigo recaerá en personas no precisamente opulentas. Se habla de empezar a castigar a partir de ingresos superiores a 40.000 euros anuales netos, lo que vendría a representar un tercio de los autónomos de nuestro país. No son millonarios, claro que no. Si se aplica un baremo parecido al llamado “destope” de los asalariados, estaríamos hablando del empobrecimiento de millones de trabajadores de la clase media de España.
Quinto, la justicia. Todo ha de ser presentado como la guerra justa de los escolásticos. De ahí el énfasis en los “falsos autónomos”, un fenómeno exhibido como si fuera una pura explotación laboral, sin que nadie se pregunte por qué existen, igual que nadie se pregunta por qué la mayoría de los autónomos cotizan por la base mínima: forzarlos a cotizar por sus ingresos reales sería otro empuje hacia la pobreza de millones de ciudadanos. Hay que hacer mucha propaganda para que esto parezca justo. En ello están.
