Según los últimos datos, mientras se estabiliza la recaudación del IRPF y el Impuesto de Patrimonio a nivel nacional, está bajando la recaudación de Sucesiones y Donaciones, y subiendo la de dos tributos relacionados especialmente con la vivienda y la propiedad: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta suerte de trilerismo fiscal, la persecución de los contribuyentes va por barrios, o más bien por autonomías. Cataluña, bajo esa mezcla letal de nacionalismo y socialismo, castiga especialmente las rentas bajas y medias, mientras que los progresistas de Extremadura y la Comunidad Valenciana hostigan en especial a la clase media. También los populistas y progresistas de Aragón destacan a la hora de hostigar al pueblo en Patrimonio, junto a los políticos catalanes y extremeños. En Sucesiones el mayor ataque a los ciudadanos lo protagonizan las autoridades aragonesas, junto a las asturianas y castellano-leonesas. Las andaluzas, por su parte, destacan (es un decir) por su “mordida” en Donaciones.
En el lío de la financiación autonómica se habla de todo, menos del contribuyente. Albert Rivera arremete contra el cupo vasco, pero Rajoy lo defiende, aunque Núñez Feijóo lo ataca… ¿Qué está pasando aquí?
Se habla del cupo como si fuera una injusticia que permite a las autoridades de Vitoria competir fiscalmente de modo desleal, bajando los impuestos, cuando la presión fiscal allí es de las más elevadas de España, y muchos vascos, de los pocos que pueden escaparse, se escapan de su supuesto paraíso fiscal para residir en Madrid.
La financiación autonómica versa fundamentalmente sobre un dinero cuya recaudación no representa coste político alguno para quien lo cobra. Esto tiene una larga historia, desde Manuel Chaves clamando por sus “minolles” para “Andasulía”, hasta el último quejido de cualquier mandatario autonómico insistiendo en que su comunidad está “infrafinanciada” y no puede brindar los “servicios públicos esenciales”.
Esto se mezcla con avatares electorales. Rajoy defiende el cupo porque necesita los votos del PNV, pero podría cambiar en el futuro si no los necesitara. Le pasó a Felipe González en 1993, y a Aznar en 1996, cuando necesitaron los votos de los diputados convergentes, y obedecieron al entonces “molt honorable” Jordi Pujol: así, González liquidó la libertad de horarios comerciales, y Aznar decapitó sin piedad ni pudor al mejor candidato que ha tenido el PP en Cataluña: Aleix Vidal-Quadras.
Así se escribe la historia, y también la fiscal. Una Susana Díaz que juró y perjuró que jamás bajaría el Impuesto de Sucesiones en Andalucía, alegando falsamente que solo lo pagaban los indeseables ricos, al final lo bajó. Gracias a la presión de Ciudadanos, pero lo bajó.
En ese reino de la confusión todo es posible, incluida una cosa y la contraria, como Miquel Iceta, que clamó por una Hacienda catalana autónoma y a la vez por un Estado federal redistribuidor. Ya puestos, también pidió el impago (perdón, “quita parcial”) de la deuda autonómica. ¡Será por dinero (ajeno)!
