Esto dicho, sin embargo, en los últimos tiempos la inquina hacia la banca se ha multiplicado, a la vez que han arreciado un diagnóstico y una recomendación. El diagnóstico es que los bancos han generado la crisis. Y la recomendación es que no deben salirse con la suya, con lo que se abre un abanico de propuestas que van desde el enjuiciamiento y prisión de sus máximos dirigentes, como parece que intentan hacer los islandeses, convertidos en ejemplo de conducta post-crisis (posiblemente porque es el único país donde últimamente han ganado las elecciones los socialistas), hasta la supresión de los infaustos “bonus” de sus directivos, pasando por la idea que nos ocupará hoy: si los bancos son rescatados con el dinero de todos ¿por qué van a ser unos pocos los que disfruten de tal privilegio? Hay que nacionalizar la banca de modo que pase a ser un negocio del que nos beneficiemos todos. Veamos qué podría suceder si esta propuesta se concretara.
El primer paso sería, claro está, expropiar a sus actuales accionistas. Hemos supuesto que se nacionaliza la banca, pero no que se acaba con el Estado de derecho. La Constitución Española en su artículo 33.3 dice: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Es decir, de entrada el Estado aumentaría los impuestos sobre los ciudadanos para quedarse con las acciones de los bancos. Una vez ocupada su propiedad, despediría a los gestores/propietarios y empezaría a gestionar él la banca. ¿Cómo lo haría?
Existe una larga experiencia de lo que hace el Estado cuando nacionaliza una actividad económica, porque durante los últimos cien años lo ha hecho en infinidad de actividades, desde la telefonía hasta la energía, desde la educación hasta las líneas aéreas, y desde la sanidad hasta, precisamente, la banca. No sería razonable pronosticar, a tenor de lo que sabemos sobre el Estado, que la futura banca nacionalizada sería manejada de modo diferente a como lo ha hecho el Estado hasta hoy.
Por lo tanto, la banca nacionalizada estaría en manos de políticos y de sindicalistas, aumentaría sus plantillas conforme a criterios de amistad e influencia política, y emprendería inversiones según la conveniencia de las autoridades. No hay que caer en el extremo de asegurar que toda la banca pública vendría a ser exactamente igual a Caja Castilla La Mancha, pero no cabe descartar que el escenario se le aproxime en algo. En todo caso, lo que sí podemos afirmar con bastante confianza es que la banca no sería gestionada mejor que como lo ha sido la banca en manos de accionistas privados. Los ciudadanos, pues, habrían sido expropiados primero y forzados después a pagar por un negocio que no rentaría más que antes, y que probablemente sería menos beneficioso. Es difícil ver qué ventajas cosecharía por ello el pueblo soberano.
Lo más curioso de todo esto es que quienes proponen la nacionalización de la banca no perciben que en un grado muy considerable ya está nacionalizada, no en su propiedad, pero sí en su administración y funcionamiento, como lo prueba la existencia misma de los bancos centrales. Como suele apuntar el profesor Jesús Huerta de Soto, la moneda y el crédito son el último reducto de ¡la planificación soviética!
