Escribe Randall G. Holcombe: “Cuando falla la mano invisible del mercado, las recomendaciones de política económica típicamente no van más allá de asesorar que la mano visible del Estado mueva la economía hacia un resultado óptimo, sin analizar en detalle si la acción política puede conseguir ese resultado o si los actores del sector público tienen los incentivos para implementarlo. El Estado es modelado como si fuera un dictador benevolente omnisciente. Pero para que la política económica sea relevante hay que derribar a este dictador. El Estado en los países contemporáneos occidentales ni es omnisciente ni es benevolente ni es dictatorial” (“Make Economics Policy Relevant: Depose the Omniscient Benevolent Dictator”, The Independent Review, otoño 2012 http://goo.gl/nmvyEl).
Así, mientras que hay una larga tradición de análisis de los fallos del mercado, se produce paralelamente otro fallo, que podríamos llamar el problema del planificador, a saber: cómo pasar de la asignación imperfecta de los recursos en el mundo real a un resultado lógico y matemático eficiente y óptimo. Lo habitual es que no se pueda dar ese paso, entre otras razones porque la información necesaria para corregir los fallos del mercado no está disponible. Por ejemplo, si se trata de conseguir un sistema fiscal óptimo, Ramsey sugirió que se deberían gravar los bienes en proporción inversa a la elasticidad de su demanda. Es decir, si hay bienes cuya demanda es tal que no reacciona acusadamente ante cambios en los precios (inelástica), entonces deben ser gravados más que los demás. Pero, como apunta Holcombe, la elasticidad de la demanda casi nunca es observable “ex ante”, con lo que la regla de Ramsey es algo que sólo podría aplicar correctamente un gobierno omnisciente.
Ese gobierno sería por definición benévolo, puesto que pretendería corregir nuestros defectos en tanto que personas libres, y también dictatorial, porque si sabe lo que nos conviene, y sólo anhela nuestro bien ¿por qué no va a imponer sus recetas?
Se acumulan, pues, los problemas. Nada permite concluir que los gobernantes sean menos ignorantes que sus súbditos. Y tampoco que sean particularmente más benévolos. Habrá que concluir, con Buchanan, que en el sector público operan conductas e incentivos parecidos a los del sector privado. En cuanto a los fallos, no parece que sean sustancialmente menores en los gobernantes que en los gobernados.
Además, el poder no es dictatorial sino democrático, no en el sentido de que respete la libertad sino que la viola conforme a determinados criterios de acceso a y ejercicio de la autoridad. Se plantean numerosos problemas técnicos, desde la agregación de las preferencias de los ciudadanos hasta la lógica de los grupos de presión, que llevan a resultados no deseados. Típicamente, por ejemplo, los ciudadanos no quieren pagar más impuestos, pero terminan, en los sistemas democráticos que supuestamente reflejan sus deseos, pagando cada vez más.
Si se baja de la fantasía a la realidad de gobiernos democráticos, no benévolos ni omniscientes, cabe sospechar que sus limitaciones deberían conducir a un respeto mayor por las libertades y derechos de los ciudadanos. Un obstáculo a su reconocimiento son los mismos economistas paternalistas que creen que están en posición de decirle al poder lo que debe hacer, por nuestro bien.
