Este titular de El País prometía: “Los municipios protegen el agua frente a la privatización”. Y el texto después cumplía ampliamente con las expectativas. En efecto, los ayuntamientos habían lanzado con anterioridad “una oferta general de venta de los servicios de agua a empresas privadas para hacerse con dinero”, pero por suerte el cambio electoral ha conseguido que los nuevos políticos hayan “abierto la senda para que los grifos vuelvan o sigan en manos de los vecinos”. Dirá usted: esta metáfora es insuperable. Pues no sé, no sé. Gregorio García, que es presidente del comité de Aguas de Valladolid, afirmó que una sociedad municipal persigue el servicio al ciudadano, mientras que una empresa privada busca “el lucro a costa de lo que sea”. Lógicamente, se trata de “evitar la gestión privada y defender este recurso como derecho humano”. José María Fernández, de Izquierda Unida, redondeó la visión progresista con este diagnóstico: “si hay beneficios se lo lleva la empresa y si hay pérdidas paga el ciudadano”.
Esta sucesión de disparates revela hasta qué punto el pensamiento único antiliberal está presente en nuestra sociedad. El primer periódico de España cree seriamente que lo privado es algo malo frente a lo cual debemos ser protegidos. Supongo que no defenderá su propia nacionalización. Dirá usted: no vale, porque el agua es más importante que la prensa. No sé. La comida es más importante que la prensa, y nadie pide “protección” ante las empresas privadas del sector de alimentación. Dirá usted: el agua es un bien público, pero hay otros bienes públicos cuya provisión es privada y nadie lo objeta.
Parece que los redactores de la noticia no reflexionaron sobre los motivos por los cuales es tan mala la privatización del agua. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto, de entrada, que nunca hubo planteada privatización alguna: el agua seguiría siendo pública, exactamente igual que la famosa “privatización de la sanidad” nunca significó tal cosa, sino sólo la transferencia de la gestión a empresas privadas, pero el dinero siempre salía del bolsillo del contribuyente. Aquí pasa lo mismo, y tampoco profundiza el diario en esa idea de que la pseudoprivatización se hace para conseguir dinero, pero que si se impide el proceso, entonces “los grifos” siguen en manos de los vecinos. Obviamente no es así: el agua sólo estaría en manos de los vecinos si fueran sus propietarios y pagara cada cual su parte.
La demonización del lucro es asimismo infundada, puesto que nada indica que la ambición en ausencia del mercado resulte más atenuada o más honrada que en condiciones de competencia. Y eso de que como el agua es un “derecho humano” entonces no puede haber participación privada es absurdo, incluso dentro de la hipertrofiada y distorsionada retórica de los llamados derechos sociales, varios de los cuales dan entrada en todo el mundo a empresas privadas.
Por fin, lo del señor Fernández es análogamente desatinado, porque nunca una privatización genuina desemboca en que los ciudadanos hagan frente a las pérdidas. Eso sucede, en cambio, precisamente cuando no hay privatización.
(Artículo publicado en La Razón.)
