Leí hace un tiempo un artículo de Martín Mucha en El Mundo sobre lo que llamaba “la policía fiscal del Gobierno”. Esto de entrada ya es notable, porque la policía y los impuestos no deberían ser del Gobierno. Sea como fuere, era un excelente reportaje donde por primera vez estos policías salen a la luz, se dejan fotografiar y hacen declaraciones.
El autor dice: “son los más temidos pues tienen acceso a los datos de Hacienda, entidad a la que están adscritos”, y son “la fuerza especial que le pone la mano en la nuca a los capos del blanqueo de capitales y el fraude fiscal”. Este lenguaje es curioso, porque la mano en la nuca está asociada a Rodrigo Rato, que aún no ha sido juzgado ni condenado, pero al que se identifica con mafiosos.
Escribe Mucha sobre estos policías: “su lucha contra el blanqueo de capitales les ha puesto en el foco noticioso. Y de la polémica…son los que van a por los grandes defraudadores si toca…sin remilgos…[tienen fama] de incorruptibles y de no dejarse intimidar por los mayores millonarios de España…sólo se les puede acusar de actuar contra todos, sin importar ideologías ni el poder del investigado. Por eso la norma es atacarles, y muy poco defenderles”.
¿Quién les ataca y por qué? Si es por lo de Rato, las críticas podrían estar justificadas en términos de indefensión e inseguridad jurídica: aún no lo sabemos. Y no es correcto utilizarlo como arma. Dice Mucha que como persiguen a políticos de todos los partidos, a propósito de Rato: “ningún otro caso ejemplifica mejor su imparcialidad”. Eso, empero, no es ser imparcial, cualidad que además es propia de jueces, no de policías.
El reportaje sugería otra hipótesis sobre lo que está pasando con este grupo. Uno de sus miembros comenta: “diles a quienes están diciendo que no usamos armas que se enteren”. ¿Quién puede estar detrás de semejante reproche? Colegas, como siempre: cuenta Mucha que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no los consideran como compañeros sino competidores. Quizá por eso ahora hablan, “para reivindicarse, para explicar al gran público quiénes son”.
El balance de los operativos de este grupo en los últimos diez años es de 4.700 millones de euros. Cabría ponderar el resultado, considerando que la plantilla son 2.000 agentes. Si investigan blanqueo, economía sumergida y “gran fraude”, igual convendría reasignar los recursos, bajar el gasto y bajar los impuestos. No vaya a ser que creamos que los únicos impuestos que están mal son los que aún no se pagan.
Uno de estos policías declara: “Les damos donde más les duele. En el bolsillo, en su dinero.” Es curioso lo poco que se piensa en los millones de ciudadanos, sufridos contribuyentes a los que también les duele la coacción fiscal, que pagan muchísimo más que las sumas recuperadas por estos policías, y a los que nadie defiende.
(Artículo publicado en La Razón.)