El progresismo llama a luchar contra la “pobreza energética”, definida de modo convenientemente laxo, como “dificultades” para pagar el recibo de la luz. Ningún izquierdista, por supuesto, razona que ese recibo es efectivamente caro, y efectivamente causa daño a muchas familias, por culpa del intervencionismo. Al contrario, su “solución” es…¡aún más intervencionismo! Doña Laia Ortiz, de IU-ICV, planteó que haya un “precio social” de la luz y el gas: “Este precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas y tampoco podrá repercutirse sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras”.
Malvados millonarios
Ya está: se beneficiarán los pobres y sufrirán sólo los asquerosos millonarios capitalistas. ¿Verdad? Pues no, no es verdad. La reducción de los márgenes de las empresas eléctricas reducirá sus beneficios, incrementará los costes de la factura de los que sí pagan la luz, o adoptará una combinación de ambos desenlaces. En cualquiera de esos casos, los perjudicados serán millones de trabajadores, en forma de menos rentabilidad de sus ahorros en fondos de inversión y de pensiones, que a su vez compran acciones de empresas eléctricas, o en forma de una factura más onerosa. Si nada de esto sucede, es porque pagarán todos los ciudadanos en forma de impuestos aún más elevados. El impacto negativo también podrán sufrirlo los consumidores en forma de un servicio peor, y los trabajadores de las eléctricas. Todo muy progresista.
(Artículo publicado en La Razón.)
