La incorporación de nuevas ciudades con al menos una Zona de Gran Afluencia Turística, y la consiguiente ampliación de la libertad de horarios comerciales es una buena noticia. Podría ser mejor, de hecho las autoridades deberían suprimir toda intervención en los horarios comerciales, porque la decisión de cuándo abrir o cerrar una tienda debe ser dejada a la prudencia del tendero, no al arbitrio del burócrata de turno, ni a las presiones de los empresarios menos competitivos, propensos a aliarse con el poder para obligar a los consumidores a pagar más y a padecer más incomodidades.
Esta liberalización del Gobierno tiene además un regusto nostálgico para los viejos del lugar, que recordamos que nuestro país ya tuvo libertad de horarios, gracias a Miguel Boyer…¡en 1985! Después, el peso político de los nacionalistas catalanes en el último gobierno de González y el primero de Aznar logró restablecer la coacción.
La mayor libertad de horarios tiene un aspecto positivo adicional, y es que el Gobierno hace el bien simplemente reduciendo su intervención y quitándose de en medio. En otras de las medidas anunciadas el viernes esto es dudoso. Por ejemplo, la reducción de las comisiones que los comercios pagan por el uso de las tarjetas de crédito les beneficia, por supuesto, pero perjudica a los titulares, porque los emisores de las tarjetas elevarán sus cuotas de mantenimiento.
Otro tanto sucede con la llamada privatización de AENA y del sector ferroviario, y que está lejos de serlo. Existe una larga experiencia que sugiere que mucha de la llamada privatización no es tal y que obedece no tanto a razones de justicia o eficiencia sino al ansia de allegar recursos manteniendo el patrocinio público. Habrá que ver sus consecuencias, como las de la pretendida liberalización de la distribución eléctrica. Tampoco está claro qué va a pasar con las ITV, que es, por cierto, un impuesto más. En cuanto a los servicios profesionales, parece que parte de los ímpetus liberalizadores pueden quedar en agua de borrajas. Típico intervencionismo arbitrario es “ayudar” a la contratación de jóvenes de 25 años, pero no de 26, etc. Por fin, es malo “resolver” el déficit del gas obligando a los consumidores a pagar más. Y “armonizar” el impuesto a los depósitos extendiéndolo a toda España.
