El proyecto de Presupuestos permite constatar algunas tensiones coyunturales y ninguna novedad de fondo sobre la situación del sector público.
Empecemos por esta última idea. La izquierda sostiene que el gobierno del PP está decidido a recortar dicho sector. Personas con titulación académica han llegado a hablar de “desmantelamiento del Estado de bienestar” e incluso han denunciado que existe un plan para “acabar con lo público”.
Nadie en el PP quiere desmantelar el sector público
Esto es un disparate: jamás quisieron los políticos del PP, ni en esta época ni en la anterior, acabar con el sector público. Ni quisieron, ni lo hicieron, ni lo han planteado. En julio pasado se recordará que desde Faes, la Fundación que preside José María Aznar, se presentó una propuesta de reforma que proponía que el gasto público fuera del 40 % del PIB. Es verdad que ello representaría una disminución con respecto a las cifras de la crisis, pero no tiene nada que ver con “desmantelar” lo público. De hecho fue la cifra que mantuvo el propio Aznar en su época, y que prosiguió Zapatero en la suya, hasta 2008.
Así, todas las consignas alarmistas, las “mareas” que supuestamente defienden “lo público” frente a los ataques del PP, se basan en falsedades y, engaños de diverso calado.
Los Presupuestos proyectados para 2014 siguen en la misma línea. Se podrá pensar lo que se quiera del actual Gobierno, pero sus previsiones de un crecimiento de los ingresos públicos del 2,4 % y del gasto público del 2,7 % no son una muestra de austeridad franciscana, ni mucho menos de recortes apreciables en el peso de las Administraciones Públicas.
Costes y beneficios políticos
¿Quiere decir esto que no se ha hecho nada? No. Este Gobierno, como los anteriores de cualquier signo, ha procurado combinar los tres elementos de la Hacienda Pública de modo de maximizar el beneficio político o minimizar el coste político de gobernar. Los nuevos ocupantes de la Moncloa desde finales de 2011 se encontraron, además, con un contexto difícil, marcado por desequilibrios en España y el exterior, y un elevado nivel de presión fiscal. En esas condiciones, emprendieron un ajuste que se basó en aumentar los ingresos y no tanto en bajar los gastos, nueva señal de que en ningún caso querían “acabar con lo público”. La argumentación oficial en sentido contrario estriba en eludir la consideración de la deuda como ingreso, y limitarse sólo a computar los impuestos.
En cuanto a los gastos, los famosos “recortes” no han recortado el gasto de modo apreciable, aunque sí es verdad que han generado tensiones producto de la coyuntura, como es evidente en el caso del capítulo de las prestaciones de desempleo. En los demás capítulos lo que se ha hecho es frenar o más bien desacelerar la elevada tasa de crecimiento del gasto, que es marcada en el caso de la sanidad. Pero, repito, en ningún caso se ha procurado desmantelar la sanidad pública. Los adversarios del PP han debido incluso desdecirse de algunas de sus proclamas, como el interesante cambio que ha habido en las campañas de la izquierda y los sindicatos en Madrid. Ya no acusan al PP de querer “privatizar” la sanidad, algo que jamás entró en los planes del Gobierno autonómico, sino de “externalizarla”, es decir, de mantenerla esencialmente en el campo de lo público, porque el público va a seguir siendo forzado a pagarla mediante impuestos, exactamente igual que hasta hoy. En lo tocante a las pensiones, se ha procurado limitar el crecimiento futuro de esta partida, pero en absoluto reformar de fondo el sistema, y mucho menos acabar con él.
Es el mantenimiento del Estado de bienestar en el gasto público lo que, en momentos de crisis (que lleva a más gastos en otros capítulos, desde el empleo hasta el rescate a la banca, y modera los ingresos tributarios) genera tensiones presentes y alimenta problemas futuros, como se ve en el crecimiento explosivo de la deuda pública, cuyos intereses frenan el crecimiento de otros capítulos…y a endeudarse más.
Por tanto, ninguna novedad de fondo, y ajustes para navegar en el mismo rumbo tras el temporal. No es un buen rumbo, pero esa es otra historia.
(Artículo publicado en La Razón.)
Me refería a los argumentos torcidos. No a que existan legítimas opciones.
Es mucho decir que han cambiado el lenguaje. La palabra recorte, sacada de contexto, y lo de privatizar, en vez de externalizar, son un ejemplo perverso de estos torcidos. Y hay muchas más.
Algún diario debería dedicarse a describir ese uso perverso de las palabras en política.
A mi vez me permito recomendarle, dada la época en que nos adentramos, «La lengua del Tercer Reich», o similar, de Víctor, no Otto, Klemperer. Un poco farragosa pero ilustrativa.
Al hilo de su artículo, un asunto de matemáticas y física: Si quiere poner en órbita un satélite lo debe lanzar a UNA velocidad. Si se queda corto, se cae, si se excede, se escapa. Hay una, en la frontera, en la que el satélite orbita.
Pues lo mismo en este bienestar del estado. Si hay mucho estado logran la masa crítica de interesados en mantenerlo. Pero, desgraciadamente, otros los tienen que mantener para vivir en el máximo satélite feliz. Ahora, con este nivel de idiotez, productividad y tasa de natalidad, la cifra está en torno a ese 40% que cita. Como el siete y medio.
¿Hay por ahí una teoría de este estilo?
Quien estudia esa lógica política es la escuela de la Public Choice, cuya figura principal fue el premio Nobel James Buchanan.